¿Qué es una Asamblea Constituyente?

La "Huelga Electoral" es un llamado a la abstención en las próximas elecciones presidenciales. Esta iniciativa está convocada por un grupo de personas sin militancia política como la ex vocera de la ACES, Eloísa González, el historiador Sergio Grez y el ecologista Luis Mariano Rendón, entre otros. Este proyecto busca promover la abstención para dejar de manifiesto la poca legitimidad del sistema político y la necesidad de instaurar una Asamblea Constituyente.

En Chile se experimenta un evidente malestar con la democracia y con el modelo económico. Las diferentes movilizaciones sociales reflejan las ganas de muchos chilenos por modificar ese modelo. Para amplios sectores de la ciudadanía esta efervescencia social es el síntoma de una crisis de tal envergadura que la única solución razonable sería una Asamblea Constituyente que, mediante un proceso deliberativo y soberano, dé paso a una nueva Constitución.

Este es un debate que de a poco, y pese a las resistencias de sectores conservadores, se ha instalado en el discurso de distintos actores e incluso en la agenda de los precandidatos presidenciales. Pero ¿Qué es una asamblea constituyente? y ¿Cuáles son sus verdaderos alcances?.

Una Asamblea Constituyente (AC) es un organismo compuesto por ciudadanos elegidos por la misma ciudadanía para dar forma a la organización política de la nación y sancionar, es decir crear y aprobar, su Constitución Política. La AC se caracteriza por no estar supeditada por las normas de la constitución anterior, de manera que no afecta su legitimidad ni convocatoria.

Esta independencia y autonomía da absoluta plenitud de derechos a la AC, aunque no no existan procedimientos para efectuarla en la constitución que pretende modificar. Como es el caso de la constitución chilena, que nada dice sobre una asamblea constituyente, sino que solo establece mecanismos de reforma constitucional y plebiscitos.

El fundamento político la AC es que el poder constituyente originario reside en la participación directa de la ciudadanía en la elaboración de la constitución. En tal sentido es un mecanismo resolutivo que no le pertenece a los partidos políticos ni a ningún poder del Estado. La AC busca establecer un sistema de directo de representación política de la ciudadanía.

Una AC funciona con delegados que representan a los ciudadanos de un sector territorial, ya sea por comuna, por provincia o regiones. La responsabilidad y obligación de los delegados territoriales de llevar y discutir las demandas de sus  representados está garantizada por un mandato, el cual es revocable si es que no lo cumpliese o su actuación fuera negligente. En tal caso la ciudadanía puede corregir esta representación, solicitando su reemplazo por el segundo delgado más votado o realizar nueva elección.

En nuestro país nunca la ciudadanía ha participado directamente en la redacción de su constitución ni de sus leyes, como si lo han hecho Francia, Suiza, España, Portugal, México, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Haití entre otros países. Desde su independencia Chile ha tenido cuatro constituciones: la de 1828, 1833, 1925 y 1980, esta última con varias reformas.

A 33 años de la Constitución de 1980 y a 25 del plebiscito que derrotó a Pinochet, siguen vigentes disposiciones que se tradujeron en el aumento de las desigualdades sociales, injusticias, falta de fiscalización y una extrema libertad del mercado, que explican en buena parte el descontento social que afecta al país.

Una de las principales características de la Constitución de Pinochet es que cedió la regulación del sistema electoral a una Ley Orgánica Constitucional. Dictámenes regulados por la Ley N° 18.556 sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral de 1986, y por la Ley N° 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, promulgada en 1988. Este última rige la elección del Senado y de la Cámara de Diputados, permitiendo la formación de pactos electorales, regulados por un sistema binominal que concede la representación parlamentaria a las dos listas que hayan obtenido las dos primeras mayorías relativas y esta representación será exclusiva de una lista cuando ella logre doblar la votación de la segunda lista más votada.

La consolidación del sistema binominal provoca molestia y críticas de los grupos sociales y políticos, debido a que en la práctica no expresa con claridad la determinación de un pueblo. En paralelo, provoca exclusión y le quita protagonismo a la consigna de "una persona, un voto". Incluso admite que tanto diputados y senadores "se repitan el plato" de ser representantes de un partido en el Congreso.

En la práctica esto favorece que se generen dos bloques opuestos con gran representación, lo que hace que muchas veces sea difícil conseguir acuerdos que alcancen el quórum calificado para modificar leyes constitucionales, como el mismo sistema binominal.

La última modificación sustancial a la Constitución de 1980 se realizó el año 2004, a petición del entonces Presidente Ricardo Lagos, tras una serie de negociaciones con la Alianza. Esto, porque un cambio de este tipo necesita el respaldo de los dos tercios de ambas Cámaras, lo que equivale a 80 diputados y 25 senadores.

Aunque la idea de una Asamblea Constituyente (AC) ha tomado mayor relevancia en estos últimos meses, esta iniciativa no es nueva, de hecho en los años 80 se formó el Grupo de los 24 que proponía una AC para hacer una nueva constitución, Reuniendo a importantes representantes de la oposición política de la época como Ricardo Lagos Escobar, Carlos Briones y Enrique Silva Cimma, entre otros. El presidente de este movimiento fue Manuel Sanhueza y su vicepresidente Patricio Aylwin.

La misma consigna que el Grupo de los 24 colgó en el Teatro Cariola en el año 1987: "Asamblea constituyente pide el pueblo de Chile", ha ido tomando sentido para amplios movimientos ciudadanos del Chile del nuevo milenio. Por ejemplo se han generado sitios web especializados en AC y muchos candidatos presidenciales han comenzado a enarbolar esta bandera.

Pero la arena política se encuentra dividida. En la UDI se han declarado férreos defensores de la Constitución vigente. El senador Hernán Larraín señaló que en los años 2004 y 2005: "hicimos un esfuerzo muy grande" y que aprobaron una reforma "prácticamente en todos los aspectos sobre los cuales había cuestionamientos y el propio Presidente Lagos dijo en ese entonces que se había dado un paso gigantesco".

La ex funcionaria de la ONU y candidata presidencial Michel Bachelet presentó un equipo de expertos, que trabajará en una propuesta de una nueva Constitución, sin excluir a priori mecanismos como el de la asamblea constituyente. Camilos Escalona senador del PS se ha convertido en el principal detractor de una AC, acusando a quienes la promueven de "fumar opio".

Enríquez-Ominami, candidato presidencial del PRI, enfatizó que "el Chile de hoy pide Asamblea Constituyente y defendemos esa bandera porque pensamos que es fundamental para la democracia de nuestro país, esa es la razón por la que la proponemos".

También el senador y candidato presidencial del PRSD, José Antonio Gómez se ha adherido a la idea de la "Cuarta Urna", que permitiría a la ciudadanía opinar en materia de cambios constitucionales. De hecho expreso: "La Constitución que tenemos hoy día es ilegítima, todos estamos claros que no cumple con lo que la sociedad esta pidiendo, por lo tanto decimos que en la próxima elección presidencial exista una urna para votar por diputados, senador y presidente, y una cuarta para que se decida si se quiere una nueva Constitución".

En contraposición Andrés Allamand, candidato presidencial de RN, presentó su propuesta de reforma constitucional, la que denominó como el Tercer Gran Acuerdo Nacional, en el que propone un mecanismo para modificar el sistema binominal. Sin embargo, reiteró su rechazo a la realización de una Asamblea Constituyente.

Para diferentes expertos constitucionalistas, como el destacado abogado Roberto Garretón y el presidente de las Asociación de ONGs Acción, Martín Pascual, la desigualdad y la pérdida de derechos fundamentales han detonado en el país una crisis de representatividad que según estos especialistas es hora de solucionar. Estos expertos proponen generar herramientas y espacios políticos intermedios previos, pero que encaminen la discusión hacia instancias de participación popular directa como una Asamblea Constituyente.

Indudablemente los candidatos presidenciales se verán obligados, por la fuerza de los movimientos sociales y por el discurso que han instalado diferentes actores en los medios de comunicación social, ha proponer en sus programas de gobierno alternativas que posibiliten generar reformas sustanciales a la actual Constitución o bien gestar directamente una Asamblea Constituyente.

Aunque la demanda del electorado por una AC este instalada con diferentes matices, indudablemente el posicionamiento de las diferentes candidaturas presidenciales se verá fuertemente influido, tanto por la disposición de las fuerzas políticas que articulen, como por la oferta programática que comprometan para una eventual Asamblea Constituyente.